El Gobierno de Navarra condenado por ocultar información referente al proyecto del TAV

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Rueda de prensa de hoy sobre la sentencia por ocultación de la información del TAVEl Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha dictado sentencia (archivo pdf, 174 Kb) a un recurso interpuesto por la Fundación Sustrai Erakuntza, con la colaboración del despacho jurídico Arankoa, dando la razón a Sustrai y declarando de forma manifiesta “la inactividad de la Administración” en la solicitud de información medioambiental sobre el proyecto del Tren de Alta Velocidad. El Tribunal ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Navarra ha incumplido la legislación al no permitir acceder a la información solicitada en su día por Sustrai, e impedir el derecho a la participación pública en el proyecto del Tren de Alta Velocidad.

La pasada primavera se hizo público un anuncio que destrozaba en buena medida el macro-proyecto estrella defendido por los sectores más conservadores en Navarra: el TAV (TAP) a su paso por Navarra quedaba limitado al tramo Castejón - Comarca de Pamplona, y se sustituían los otros dos tramos por el llamado tercer carril.

Este proyecto, cuestionado en su integridad por múltiples argumentos, quedaba en situación surrealista, al plantearse exclusivamente para un tramo de escasos 65 km. con un derroche económico desorbitado.

Así mismo, el pasado verano, las obras iniciadas en este tramo del Corredor Navarro de Alta Velocidad (TAV), recibieron lo que desde un punto de vista racional debiera ser su punto y final: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia a un recurso interpuesto por la Fundación Sustrai Erakuntza, declarando caducada y nula su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Las obras iniciadas y el proyecto del citado tramo no tienen ahora una DIA en vigor, y por lo tanto se están ejecutando en situación de completa irregularidad. Razón por la cual este pasado noviembre Sustrai Erakuntza solicitó la paralización de obras del TAV que se están llevando a cabo en la Ribera.

Ahora, en pleno otoño, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, añade un grado más de surrealismo a esta obra, da la razón a la Fundación de Sustrai Erakuntza y pone de manifiesto que el Gobierno de Navarra no ha respetado el derecho al acceso a la información sobre el proyecto del TAV que tenía y tiene cualquier navarro o navarra. Derechos recogidos en la ley 27/2006 que regula el acceso a la información ambiental, ley que traspone la legislación europea entorno al Convenio de Aarhus.

Rueda de prensa de hoy sobre la sentencia por ocultación de la información del TAV

Historia del conflicto para conocer un informe público:

En septiembre de 2008, y por un importe de casi 152.000 euros, el Gobierno de Navarra encargó a la empresa MECSA la realización de un informe de los impactos económicos, sociales y medioambientales del TAV en Navarra. Este informe se realiza después de que en 2004 fueran aprobados los estudios informativos del TAV navarro, y se hubiera tomado ya la decisión política de ejecutarlo. Se trataba por tanto de un vano intento de justificación económica, social y política del TAV, realizado de una manera absurda, dado que ya tenían tomada la decisión de avanzar con su construcción.

La oposición al TAV, dispuesta a colaborar, intentó enviar la información y los análisis que había efectuado, dado que entendía que la privatización en la realización de informes medioambientales y de impacto no tenía por qué mermar su derecho a la participación pública, en base a la normativa de Aarhus que reconoce la propia sentencia. Sin embargo, esta información fue rechazada por la empresa, aduciendo que el Gobierno Foral había impuesto la condición de que para elaborar el informe solo se utilizara la información que el propio Gobierno de Navarra aportara, y por tanto solo reflejara los beneficios del TAV para Navarra.

Tras aquella negativa, y ante la reiterada oposición de la Administración para ofrecer a la ciudadanía la información contenida en dicho informe, un grupo de ciudadan@s presentó, en diciembre de 2008, un escrito ante el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko, argumentando que la objetividad del informe no estaba de ningún modo garantizada y que se estaban vulnerando los derechos de acceso a la información y participación pública. En aquel entonces ya argumentábamos legalmente “… a efectos de que podamos ejercer nuestro derecho de acceso a la información en los términos de la Ley 27/2006 de 18 de julio…”

La respuesta del Ararteko, de febrero de 2009, recomendaba al Gobierno de Navarra que facilitara el citado estudio, así como toda la información medioambiental de que dispusiera sobre la implantación del TAV en Navarra. A su vez, el Defensor del Pueblo reconocía que el informe tenía por objeto analizar tan solo los posibles beneficios derivados de la implantación del TAV, sin analizar los impactos negativos en la economía o en el medio ambiente.

Esta respuesta sirvió para que la oposición al TAV volviera a solicitar al Gobierno de Navarra toda la información sobre el TAV en abril de 2009. La respuesta del Gobierno llegó cinco meses más tarde, volviendo a denegar el acceso a la información, aunque abría la puerta a permitir un posible acceso futuro al presunto informe de MECSA, cuando hubieran terminado de "elaborar" sus datos.

Un paréntesis. Como anécdota de este presunto informe MECSA S.A., pagado con dinero público, parece que algunos de los responsables del propio Gobierno de Navarra todavía no lo han leído, ya que en su página 93 dice literalmente “que existirá un trasvase de un modo de transporte al otro [transporte de mercancías en carretera y ferrocarril] una vez se implante la alta velocidad y las vías actuales del tren queden a disposición del transporte para mercancías”. O sea, que según el informe pagado por el Gobierno de Navarra el TAV-TAP no llevaría mercancías.

Continuamos. Transcurrido un periodo de tiempo suficiente para que el Gobierno procesara los datos, en febrero de 2010 la Fundación Sustrai Erakuntza realizó un nuevo requerimiento a la Administración. Solicitaba una vez más el acceso a toda la información medioambiental obrante en relación con la implantación del TAV en Navarra.

Sin embargo, el Gobierno no "soltó prenda", por lo que en abril de 2010 Sustrai Erakuntza interpuso un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, para que aportara toda la información requerida. Y días antes de la celebración de la primera sesión del juicio, en junio de 2010, el Gobierno envió un total de 33 páginas fotocopiadas que, decían, era “toda la parte medioambiental, relativa tanto al transporte de mercancías como al de viajeros". Páginas que se supone son parte del informe MECSA, aunque en la propia sentencia las califiquen como PRESUNTO informe MECSA...

De esta forma, sin haber contestado realmente a nuestra petición sobre la información completa, el Gobierno de Navarra celebra en noviembre de 2010 una pomposa presentación de los supuestos beneficios de la implantación del TAV en Navarra, basada en el informe MECSA. Así, el Gobierno presenta importantes cifras: aumento en los viajes ferroviarios, aumento en el numero de empleos, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en ningún momento presentan los cálculos y análisis que le llevan a avalar esas cuentas.

Posteriormente, en diciembre de 2011 se celebra en el Parlamento de Navarra una comparecencia del Consejero de Fomento, Anai Astiz, para informar y analizar el informe MECSA. En ella, el Consejero vuelve a desgranar los supuestos impactos positivos del TAV en Navarra, pero con alguna excepción. Así, el Consejero reconoce que el informe está redactado con base una situación económica muy distinta a la actual, considerándolo ya poco útil. Así, cree que ya no hay que competir en velocidad, sino en transporte de mercancías, de manera que trata de vender el TAV navarro como si de un sistema de transporte de mercancías eficaz se tratara. Algo que, como hemos visto, no va a suceder, como reconoce el propio informe MECSA...

Explicación sobre la actual sentencia:

Después de este largo proceso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), ha dictado sentencia favorable a Sustrai. Ha quedado manifiesta la conculcación de derechos por parte del Gobierno de Navarra.

La sentencia manifiesta que el Gobierno ha conculcado la Ley 27/2006 en lo que se refiere a la obligación que tiene en:

  • “dar acceso a la información ambiental”
  • permitir “participar en los procedimientos”
  • “instar la revisión administrativa y judicial de actos y omisiones”
  • “la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental”

La Sentencia dice literalmente que el Gobierno de Navarra “ha infringido notoriamente el contenido de citada Ley 27/2006”, por lo que “la inactividad de la administración es y ha sido palpable y evidente”. Así mismo, la sentencia “señala un mes de plazo” para que la administración entregue toda la documentación ambiental del TAV, resolviendo así la conculcación de derechos.

La sentencia deja igualmente claro el todavía poco conocido Convenio de Aarhus: “para que l@s ciudadan@s puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimad@s para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.

Con todo esto Sustrai quiere exponer públicamente a la sociedad navarra que en su momento informó directamente al Gobierno de Navarra para corregir la situación irregular y poder solucionar a tiempo su ilegalidad sin llegar a los tribunales, algo que evidentemente no fue corregido. Esta advertencia se realizó con el objetivo de evitar gastos económicos innecesarios a las arcas forales y, por lo tanto, evitar malgastar el dinero de todos y todas las navarras en un proceso judicial largo. Quería evitar un grave perjuicio para la sociedad navarra, que habría visto como sus administradores vuelven a dilapidar y derrochar el dinero público en una obra inconclusa.

Situación actual del Tren de Alta Velocidad en Navarra:

Esta sentencia deja un escenario escalofriante: el Gobierno de Navarra está iniciando la ejecución de un TAV que no llega a 70 km, adelantando un dinero y pagando unos intereses bancarios por el dinero adelantado. La ejecución del corredor navarro de alta velocidad que empieza en Castejón y termina en Campanas está en situación de ilegalidad debido a que no tiene Declaración de Impacto Ambiental y así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado sentencia dejando claro que se han incumplido los derechos de acceso a la información y participación pública en el proyecto del TAV.

Ahora toca exigir responsabilidades y respuestas al Gobierno de Navarra. Es imprescindible saber si el Gobierno de Navarra va a acatar y cumplir la sentencia judicial, pidiendo disculpas por la conculcación de derechos llevada a cabo y entregando en el plazo de un mes toda la documentación medioambiental relativa al proyecto del TAV. O por el contrario va a seguir derrochando dinero público, recurriendo la sentencia y derrochando los 102 millones de euros de gasto previsto para el 2014...

Dada la gravedad máxima de todo lo anteriormente descrito, y desde un estricto sentido de la racionalidad, esta sentencia judicial y los hechos anteriormente descritos implican dos consecuencias evidentes:

1. La paralización de las obras y del proyecto del corredor navarro de alta velocidad (o altas prestaciones) debido a su situación de irregularidad ya que el Gobierno de Navarra está realizando obras sin la cobertura legal necesaria. Ni en la ejecución de las obras ni en el acceso a la información y participación en el proyecto.

2. La dimisión de al menos el Consejero de Fomento, Luis Zarraluqui Ortigosa, debido a su responsabilidad política en cuanto a las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra y la evidente nefasta gestión del proyecto del Corredor de Alta Velocidad Castejón-Pamplona.

Con esto, la Fundación Sustrai Erakuntza pretende dar a conocer a la opinión pública uno mas de los graves incumplimientos legales que se están produciendo en la tramitación de este proyecto; de muy dudosa rentabilidad económica y social, además de todos los grandes impactos energéticos, ambientales y territoriales.

Sustrai Erakuntza va a continuar con su trabajo y va a seguir creando una amplia red social de personas en defensa del medio ambiente y de otro modelo social más equilibrado y sostenible. Aquellas personas interesadas en dar su confianza a Sustrai pueden hacerlo a través de la página: http://www.fundacionsustrai.org/.

Finalmente, agradecer a los y las ciudadanas navarras que están haciendo un esfuerzo personal por conseguir otro modelo de sociedad, y les animamos a seguir trabajando para que sigamos siendo dueñ@s legítimos de nuestro medio ambiente y territorio, conservado y enriquecido durante siglos con el esfuerzo de nuestr@s antepasad@s.

Fundación Sustrai Erakuntza
Páginas Web: http://www.fundacionsustrai.org/ y http://www.sustraierakuntza.org/
Correo electrónico: sustrai@fundacionsustrai.org