Comparecencia del consejero en el Parlamento de Navarra sobre la sentencia que deja sin efecto el PIGRN

Imagen de una sesión anterior, tomada del video del ParlamentoEl consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, José Javier Esparza, compadeció el pasado miércoles 20 de febrero en una comisión parlamentaria para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dejó sin efecto el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020. A continuación se realiza una transcripción no exhaustiva de lo debatido en la comparecencia, de la que puedes ver también el vídeo completo...

El Sr. Rubio, de Bildu, que fue el solicitante de la comparecencia, informa que el PIGRN ha sido anulado por no especificar donde se ubicaría la incineradora que se proyecta, algo que es contrario a la legislación. En este contexto aparece la solicitud de Cementos Portland para incinerar residuos en su planta, algo que se intenta meter con calzador en el PIGRN. De esta manera se integran unas instalaciones privadas en la gestión publica de los residuos, sin que la ciudadanía pueda opinar sobre ello. Bildu plantea que no se de ningún paso administrativo en el asunto de Cementos Portland, para evitar que se den pasos irreversibles, lo que podría dar lugar posteriormente a indemnizaciones a la empresa. Por eso pregunta por las intenciones del Gobierno en este sentido

El consejero José Javier Esparza, se asombra ante las palabras de Bildu al ligar el PIGRN y Cementos, dado que, afirma, la sentencia no cita a esta última, y por lo tanto ambos casos no tienen nada que ver. Así mismo, informa que la asesoría jurídica ha iniciado los tramites para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El consejero lee y analiza la sentencia punto por punto. Así, informa que los puntos recurridos del Plan son los siguientes:

  • El PIGRN es solo una declaración de intenciones porque no contiene un estudio económico del mismo, y por lo tanto no tiene un contenido real.
  • El PIGRN vulnera la ley por el que se deben estudiar todas las alternativas posibles.
    Incumple la normativa sobre la jerarquía de residuos.
  • No cumple el Plan Nacional de Residuos porque la incineradora es de eliminación de residuos, y no de valorización.
  • Se vulnera la normativa sobre participación publica.
  • No cumple los plazos para la emisión de la declaración de incidencia ambiental.
  • No se determinan los lugares adecuados para la ubicación de la incineradora.

El consejero indica que la critica que los demandantes realizan al PIGRN basadas en el estudio del mismo en vista de la normativa de residuos, se desmonta en 2 lineas de la sentencia, cuando se dice que estas determinaciones no son adecuadas. La sentencia también indica que en el proceso de aprobación del Plan se han analizado las posibles alternativas, descartándose la alternativa de un vertedero y decantándose por la incineración. Así mismo, indica que el puerta a puerta es un modelo de recogida selectiva compatible con este sistema.

La sentencia también indica que la propuesta del Plan es de valorización de residuos, no de eliminación, dado que cumplirá la formula de eficiencia energética que la normativa impone. Este aspecto fue explicado muchas veces en el proceso participativo previo a la aprobación del plan, a decir del consejero. En cuanto a la participación ciudadana, el consejero afirma que se produjo de manera real, conforme a la legislación, y que incluso el proceso mejoro el documento final del Plan.

En cuanto al análisis de las alternativas, el PIGRN, a decir del consejero, pivota sobre las alternativas en cuanto a la gestión de los residuos. Así determina la gestión que empieza por reducir los residuos que se deban gestionar. En 2º parte se analiza el tratamiento. Y ante esto el Plan descarta la alternativa 0 de continuar como hasta ahora vertiendo las basuras en vertedero, lo que vulneraria la legislación. También descarta la posibilidad de llevar a vertedero una parte importante de los residuos después de su tratamiento. Así recuerda que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a determinado cerrar el vertedero de Góngora en unos años. Y por todo ello, el PIGRN opta por la valorización energética de la basura.

La sentencia, frente al hecho de que transcurran más de cuatro meses entre la presentación del Estudio de Incidencia Ambiental y la formulación de la Declaración de Incidencia Ambiental, dice que esto puede ser una irregularidad formal. Pero hay que tener en cuenta que se ha ampliado el plazo de exposición publica del Plan, por lo que, según el consejero, este apartado no tiene la misma importancia que los anteriores, porque es de carácter procedimental. Por este motivo, el Gobierno cree que este aspecto es recurrible, y por ello van a recurrir la sentencia en este aspecto. Así mismo, el consejero apunta que "es curioso que uno de los dos grandes defectos que tiene el plan es ampliar un plazo para alargar un proceso de participación".

El último aspecto es que no se determinan los lugares donde se ubicarían las instalaciones de eliminación de los residuos. Aquí la sentencia reconoce la realidad que ampara a la Mancomunidad de Sakana, a pesar de que "ninguno de los municipios que aparecen en la Mancomunidad de Sakana se aproximan a los lugares de la incineradora". La sentencia dice que solo hay un mapa de las posibles localizaciones para la instalación de eliminación. También da criterios genéricos para la instalación, pero esto no es suficiente según la jurisprudencia. Y es por esta razón que el PIGRN es anulado.

Ante este aspecto, en el que la sentencia habla de determinar claramente los lugares "de eliminación" de residuos, el consejero argumenta que los lugares de eliminación de residuos ya están determinados en el PIGRN "y son Góngora, Cárcar y El Culebrete". Y sin embargo, defiende que "la incineradora no es de eliminación, es de valorización, lo dice la propia sentencia, y por eso vamos a recurrir". Y cree que si se han establecido los criterios de ubicación de la instalación, y que la ubicación exacta se debería decidir en un proceso posterior de participación publica y análisis.

Por todo ello, el consejero informa que en estos momentos el PIGRN "continúa vigente", por lo que el Gobierno foral seguirá con "su desarrollo y su cumplimiento como estaba previsto". En general, en su intervención el consejero defiende que este plan de residuos es "bueno" y que el Ejecutivo foral "podrá defenderlo" con el recurso de casación que ha decidido presentar. "Tenemos argumentos sólidos para defenderlo bien", asegura. Según Esparza, el TSJN se posiciona "de forma clara" a favor del planteamiento del Gobierno en aspectos "importantes" del plan.

El parlamentario de Bildu Víctor Rubio indica que el PIGRN establece que se deberá realizar una ley para buscar medidas que penalicen el vertido de residuos y avancen hacia la prevención de residuos y su reciclaje. Esta ley se debería haber realizado en un año desde la aprobación del Plan, y no se ha realizado. De este modo, "el PIGRN parte de la base de que hay que incinerar" y ha insistido en que "no se apuesta por una jerarquización en la gestión de residuos". Esto demuestra que el gobierno "no ha hecho los deberes con el tema de residuos".

Además, ha censurado que el plan "habla de una incineradora", que, según Rubio, "está claro que va a ir a Olazagutía" y que esa es la alternativa que el Gobierno propone actualmente. Esto es lo que da a entender el documento que han firmado la Cementera y el Gobierno, que está plagado de alusiones al PIGRN. Ello teniendo en cuenta que la normativa para incinerar en cementeras es menos exigente que la de las incineradoras de residuos. De este modo, las cementeras buscan remontar el estallido de la burbuja inmobiliaria con la incineración de residuos.

Así mismo, el Gobierno sabe que si se decidiera colocar la incineradora en Sakana, esto sería imposible debido a su ubicación cercana a acuíferos, parques naturales y poblaciones. Por otra parte, incide en que en el plan de incineración de Cementos se van a incinerar residuos fácilmente reciclables. Pregunta sobre los controles a realizar a la incineradora, y sobre el hecho de que se deje en manos de una empresa privada una responsabilidad pública.

Por contra, el parlamentario de UPN Jerónimo Gómez cree que el tema de Portland no tiene nada que ver el PIGRN. Sobre el tema de que no no se cumplieran los plazos entre la presentación del Estudio de Incidencia Ambiental y la formulación de la Declaración de Incidencia Ambiental, cree que es "porque se solicitó por parte de todos los grupos parlamentarios la prórroga del plazo para dar más tiempo a la participación pública". En cuanto a que no se determine el lugar de eliminación, cree que esos lugares son las plantas de Carcar y El Culebrete, y que así se dice en el PIGRN. En cuanto a los métodos de gestión, dice que están abiertas todas las posibilidades, incluido el puerta a puerta. Y que para la parte que no se pueda gestionar, la fracción resto, se decide utilizar la valorización energética, lo que es una mejora frente al modelo anterior.

Por su parte, la socialista María del Carmen Ochoa cree que el problema es de educación y que con educación generaríamos menor residuos. También cree que la solución no puede ser el compostaje, porque solo coge la parte orgánica de los residuos. También informa que se esta estudiando poner un digestor para que la fracción resto de los residuos que vallan a la incineradora sea menor, y de esa manera, "la incineradora será lo más pequeña posible y será para producir energía". Ha abogado por "no mezclar churras con merinas", en alusión a la planta de valorización de residuos de Cementos Portland prevista en Olazagutía, porque el mayor problema actual es el paro.

Desde Aralar-NaBai, el parlamentario Txentxo Jiménez cree que el consejero no ha valorado adecuadamente los puntos de la sentencia en los que ha quitado la razón al Gobierno, dado que el consejero "saque pecho" en los puntos en que la sentencia da la razón al Gobierno y "matice" en los que no se la da. El punto fundamental de la sentencia cree que esta en que el punto económico del Plan es fundamental, dado que la mayor parte del presupuesto iba para la incineradora. Y por esta razón cree que se debería haber ubicado mas adecuadamente la incineradora, dado que es la parte mas importante del Plan. En cuanto al recurso que va a presentar el Gobierno, cree que es una forma de gastar dinero poco adecuada. También recuerda que el anterior consejero, el socialista Giménez, indico que desistían de la construcción de una incineradora porque habían encontrado "un sistema alternativo que evita la incineración", pero no se ha vuelto ha hablar del tema. Pero habría que seguir por esa senda.

En representación del PPN, Eloy Villanueva ha afirmado que el Gobierno foral "tiene derecho de recurrir" la sentencia del TSJN, pero ha advertido de que "para recurrir hay que tener argumentos suficientemente sólidos para que las consecuencias posteriores no sean peores que lo que se intenta solventar". En cuanto a la relación entre el PIGRN y una empresa privada, no entran a valorarlo porque creen que son aspectos diferentes.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha lamentado que el Gobierno de Navarra haya interpuesto un recurso "porque hubiera sido mucho más fácil haber aclarado el emplazamiento de la planta". A su juicio, "deberían haber aprovechado esta ocasión para mejorar el plan". Y ello porque el Plan de residuos esta sin desarrollar, y porque aun hay muchas mancomunidades que aun no han presentado su plan de gestión de los residuos, cuando ya se ha pasado el plazo. Así mismo, la tasa de reciclaje no cumple el plan, porque se encuentra en el 30%.